Si le preguntas a cualquier persona en San Juan quién manda en la isla, probablemente te señale hacia La Fortaleza, donde se sienta el Gobernador. Pero si rascas un poco más la superficie, la respuesta se vuelve un lío legal y emocional que lleva décadas dándole dolor de cabeza a constitucionalistas y ciudadanos por igual. La respuesta corta a porque Puerto Rico no tiene presidente propio es sencilla: porque ya tiene uno, y vive en la Casa Blanca en Washington D.C.
Es una paradoja. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, lo que técnicamente significa que Joe Biden (o quien ocupe la oficina en el 1600 de Pennsylvania Avenue) es el jefe de estado de la isla. Sin embargo, los puertorriqueños que viven en la isla no pueden votar por él en las elecciones generales. Básicamente, tienen un presidente por el que no votaron, pero cuyas decisiones afectan desde cuánto pagan por la leche hasta cómo se reconstruye la red eléctrica después de un huracán. Es raro. Es frustrante para muchos. Y es el núcleo del debate sobre el estatus.
La confusión del ELA: ¿Qué es realmente Puerto Rico?
Para entender este vacío de poder presidencial, hay que viajar a 1952. En ese año se creó el Estado Libre Asociado (ELA). Suena independiente, ¿verdad? "Estado Libre". Pero el nombre en inglés es Commonwealth, que legalmente no significa mucho más que "comunidad". Bajo este acuerdo, Puerto Rico redactó su propia Constitución y obtuvo autonomía para asuntos internos como la educación, la policía y los impuestos locales.
Pero hay una trampa.
El Congreso de los Estados Unidos retiene la soberanía última sobre el territorio bajo la Cláusula Territorial de la Constitución estadounidense. Esto se confirmó de forma bastante cruda en casos recientes ante el Tribunal Supremo federal, como Puerto Rico v. Sanchez Valle (2016), donde se determinó que la fuente original de autoridad en la isla sigue siendo el Congreso, no el pueblo puertorriqueño. Por eso, aunque Puerto Rico tiene un Gobernador (actualmente Pedro Pierluisi), no tiene un presidente soberano. El Gobernador es el jefe del ejecutivo local, pero no tiene voz en tratados internacionales, defensa nacional o leyes de comercio exterior.
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El derecho al voto (o la falta de él)
Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente injusta para muchos. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, gracias a la Ley Jones. Pueden servir en el ejército—y lo hacen en proporciones altísimas—pero si viven en Ponce o Bayamón, no pueden votar por el Comandante en Jefe.
¿Por qué? Porque el sistema electoral de EE. UU. se basa en los estados, no en la ciudadanía individual. Como Puerto Rico no es un estado, no tiene votos en el Colegio Electoral. Si un puertorriqueño se muda a Florida, puede votar por el presidente al día siguiente. Si un neoyorquino se muda a San Juan, pierde su derecho al voto presidencial. Es una cuestión de geografía, no de quién eres.
El rol del Comisionado Residente
Como Puerto Rico no tiene presidente propio y no vota por el de EE. UU., tiene una figura única en el Capitolio: el Comisionado Residente. Actualmente, ese puesto lo ocupa Jenniffer González. Es la única representante de la isla en el Congreso.
¿El problema? Tiene voz pero no tiene voto en el pleno de la Cámara de Representantes. Puede hablar en los comités, puede proponer legislación, pero a la hora de la verdad, cuando se aprieta el botón para decidir si se aprueba una ley nacional, su voto no cuenta. Imagina vivir en un edificio donde pagas mantenimiento pero no puedes votar en la junta de vecinos sobre qué color pintar la fachada. Así se siente la relación política actual.
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¿Por qué no se ha resuelto esto?
Mucha gente se pregunta por qué, tras más de 120 años bajo la bandera estadounidense, no se ha tomado una decisión definitiva. No es por falta de intentos. Se han celebrado múltiples plebiscitos (1967, 1993, 1998, 2012, 2017, 2020), pero la división interna es brutal.
Hay tres bandos principales, aunque ahora han surgido más matices:
- La Estadidad: Quieren que Puerto Rico sea el estado 51. Esto les daría dos senadores, unos cinco o seis representantes y, por supuesto, votos electorales para elegir al presidente.
- El ELA (Status Quo): Quieren mantener la relación actual pero "mejorada". Argumentan que permite mantener la identidad cultural y el idioma español mientras se goza de la ciudadanía americana.
- La Independencia: Quieren que Puerto Rico sea una nación soberana. En este escenario, la isla finalmente tendría su propio presidente.
También existe la "Libre Asociación", que es como una independencia con un contrato de servicios y defensa con EE. UU., similar a lo que tienen Palaos o los Estados Federados de Micronesia. Pero hasta ahora, el Congreso de EE. UU. nunca se ha comprometido formalmente a aceptar el resultado de ninguna de estas votaciones. Básicamente, han sido consultas de opinión sin carácter vinculante.
La sombra de la Junta de Supervisión Fiscal
Si quieres entender porque Puerto Rico no tiene presidente en el sentido de autoridad máxima, tienes que mirar a la "Junta". En 2016, debido a una crisis de deuda impagable de más de 70 mil millones de dólares, el Congreso aprobó la ley PROMESA. Esta ley creó una Junta de Supervisión y Administración Financiera.
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Siete personas, no elegidas por el pueblo de Puerto Rico, tienen el poder de pasar por encima del Gobernador y de la Legislatura en asuntos presupuestarios. Esto ha reforzado la idea de que Puerto Rico es una colonia en el siglo XXI. Cuando un organismo externo puede decidir cuántos fondos van a la Universidad de Puerto Rico o a las pensiones de los maestros, la figura del Gobernador queda un poco desdibujada y la ausencia de un presidente propio se siente con más fuerza.
El impacto en la vida diaria
No es solo una cuestión de orgullo patrio o de libros de historia. La falta de representación política real tiene consecuencias económicas tangibles. Por ejemplo, Puerto Rico recibe menos fondos para programas como Medicaid o SNAP (cupones de alimentos) en comparación con estados de similar población y nivel de pobreza.
También están las leyes de cabotaje (Ley Jones de 1920). Todos los productos que llegan a la isla desde EE. UU. deben venir en barcos construidos, tripulados y de propiedad estadounidense. Esto encarece el costo de vida de forma ridícula. Como Puerto Rico no tiene senadores ni votos presidenciales, no tiene fuerza política para presionar y cambiar estas leyes que benefician a los sindicatos navieros del continente a costa del bolsillo del puertorriqueño de a pie.
Honestamente, la situación es un limbo. Es un territorio "no incorporado", un término legal que básicamente significa que pertenece a, pero no forma parte de, los Estados Unidos.
Lo que debes saber para navegar este tema
Si estás tratando de entender la política de la isla o estás planeando mudarte/invertir allí, estos son los puntos clave que definen la autoridad en Puerto Rico:
- Poder Ejecutivo Local: El Gobernador es la máxima autoridad en asuntos internos, pero está sujeto a las leyes federales de EE. UU. y a las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal.
- Ciudadanía vs. Voto: Eres ciudadano de EE. UU. por nacimiento, pero tu derecho a votar por el presidente depende de tu residencia física. Si vives en los 50 estados, votas; si vives en la isla, no.
- Leyes Federales: Casi todas las leyes federales aplican en Puerto Rico. La Guardia Costera, el FBI, la oficina de correos y la moneda son los mismos que en Nueva York o Texas.
- Próximos Pasos Políticos: El debate actual se centra en el "Puerto Rico Status Act", un proyecto de ley en el Congreso que busca autorizar un plebiscito vinculante que excluya el estatus colonial actual, obligando a elegir entre estadidad, independencia o libre asociación.
Para profundizar, es útil seguir los informes de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE. UU., que es donde se cocina todo lo relacionado con los territorios. También vale la pena leer las columnas de analistas locales como Benjamín Torres Gotay para captar el pulso social de esta falta de soberanía que define la vida en la isla. El camino hacia tener un presidente —ya sea uno por el que voten en la estadidad o uno propio en la independencia— sigue siendo el tema más divisivo y apasionante de la política caribeña.